La ley está fuera de la ley

"El separatismo desafía la ley" clama escandalizado el periódico global dando alegremente por supuesto que todo el mundo comulga con sus voluminosas ruedas de molino.

¿Qué ley? No hay ninguna ley que prohiba la investidura, toma de posesión, etc. por vía telemática. Ninguna. Ni la habrá en una época en que esta vía domina todo tipo de transacciones, comparecencias, declaraciones, etc., informales, formales y hasta litúrgicas. No es posible desafiar lo que no existe. 

A no ser que se admita que la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, por la misma razón por la que, según el ministro de Justicia del III Reich, Thierack, en Alemania, la Ley era la voluntad del Führer.  En España, la palabra de M. Rajoy, cuyo valor él mismo ajustó a la baja al comienzo de su mandato.

Ni Puigdemont, ni el bloque independentista, ni la mesa del Parlament desafían la ley, sino una prohibición verbal de Rajoy que carece de base legal. Puede el presidente -y lo hará- recurrir al Tribunal Constitucional para que prohíba, suspenda, aplace o haga lo que quiera con la investidura. Eso no cambiará políticamente nada, salvo para dar nuevos motivos al activismo persecutorio del Supremo a seguir abriendo piezas judiciales, algunas secretas, para mayor seguridad del Reino. Sin duda se han respetado los más estrictos criterios procedimentales. pero eso de anunciar el secreto no pertenece tanto al campo jurídico como al literario; casi al dadaísta. 

Supongo que todo eso está respondido, pero la chamusquina a procesos secretos inquisitoriales es cada vez mayor. Eso y la comprobación de que, para el B155, la ley en España es la voluntad de M. Rajoy que, por cierto, es el único que, en verdad, esta fuera de la ley por un abuso de poder equivalente a un golpe de Estado.

Es de justicia

Me he sumado a un acto en favor de los presos políticos promovido por #WithCatalonia. No sé si lo he hecho según las indicaciones porque ando muy atareado terminando un libro en el que, por cierto, también se habla de los presos políticos. En todo caso, he firmado la postal colectiva que los madrileños simpatizantes (gatos, menos gatos, transeúntes y allegados) envíamos a los dos Jordis, Oriol y Joaquim. Además, subo el cartel a la columna de la derecha de Palinuro. 

Estas personas deben estar en libertad porque no han hecho nada perjudicial al interés público (que bastante importa por lo demás a los actuales gobernantes), no han cometido delito alguno. Luchan políticamente por una causa que todo demócrata debe admitir como legítima. La respuesta legítima solo puede ser política. Los tribunales no pintan aquí nada y su instrumentalización política solo puede empeorar las cosas.

Entre prófugos anda el juego

Mi artículo de elMón.cat de hoy (día D), titulado Quién está fuera de la ley. No abusaré de la paciencia de las lectoras y me limitaré a decir que, a mi modo de entender, el que está aquí fuera de la ley es el gobierno de España. Y de todas las leyes, las naturales, las humanas y, por si existieran, las divinas. Fuera de la ley en España está hasta la ley. Porque viene impuesta por un gobierno que está fuera o por encima o al margen de ella y no la respeta prácticamente nunca.

Y si de prófugos va la cosa, los hay legítimos e ilegítimos. Puigdemont es un prófugo legítimo porque lo es de una justicia que actúa injustamente. Todas las exigencias de que Puigdemont venga a ser investido presencialmente tratan de fabricar una victoria de la causa unionista con una imagen del presidente entre rejas, de indudable impacto político (lo que se busca) pero un desastre jurídico. Eso buscan las propuestas más ladinas que le tienden una trampa a sabiendas y las más ingenuas y, sin duda, bientintencionadas, que parten de una ilusión: la de que España es un Estado de derecho.

El verdaderamente prófugo a los ojos de la ley humana, la natural y la divina es el presidente del gobierno que ha organizado este monumental desastre por no haber dimitido cuando le tocaba, al comienzo de su mandato, en el momento de declarar que no cumpliría su programa electoral sino su deber, lo que él omnímodamente consideraba su deber, habiendo prometido a los ciudadanos lo contrario.

La versión en castellano

Quién está fuera de la ley

Una vez los candidatos electos el pasado 21 de diciembre hayan tomado posesión de sus actas, el Parlament pasará a elegir un gobierno. La investidura de su presidente podrá hacerse por vía telemática, dado que no hay norma que lo prohíba. El gobierno central, la oposición unionista (ciudadanos, socialistas y populares), los medios de comunicación, el Ibex35, que forman en el mismo frente reaccionario del bloque del 155 (B155) lo niegan. Los tertulianos que tienen en nómina también lo niegan. Igualmente lo niegan los letrados del Parlament.

Pero la decisión ha de tomarla el propio Parlament en uso de su soberanía, no vinculado por ninguna de las instancias anteriores. Y es perfectamente legítimo y legal que el Parlamento decida proceder a la investidura telemática del Presidente Puigdemont. Si tal cosa se produce, Mariano punto Rajoy avisa de que lo impedirá a través de los poderes del artículo 155 que seguirá en vigor. ¿Prevé tales poderes el artículo de marras? En absoluto. Entonces, ¿por qué impide la investidura telemática de Puigdemont?

Porque le da la gana, y torciendo el significado de la norma.

No hay fundamento legal ni racional alguno para impedir la investidura telemática y la prueba más evidente es que puede darse de hecho en contra de la voluntad originaria del gobierno que ya había anunciado que se opondría a la decisión del Parlamento. Al comprender que eso es absurdo y que no puede oponerse a la decisión en sí misma, el gobierno ha desplazado su negativa a la aplicación de la decisión. El Parlamento puede decidir la investidura telemática, pero Rajoy no lo permitirá porque no le da la gana.

No hay otra razón. La aplicación del 155 es puro despotismo, arbitrariedad y dictadura personal del presidente de los sobresueldos. El decreto de aplicación del 155 dice que este quedará sin efecto cuando sea investido el presidente de la Generalitat. El modo de evitarlo es no aceptar la investidura, darlo por no investido y sostener que solo se admite la investidura presencial siempre porque a él le da la gana.

Forma parte del saber convencional constitucional en Occidente que las Constituciones son frenos al poder o no son nada. Con el artículo 155 queda claro que la Constitución de 1978 no es nada puesto que ella misma se anula a través de uno de sus artículos que la deja en suspenso y elimina las trabas al poder despótico de un solo individuo. El 155 en el fondo y aunque pueda parecer absurdo, es un artículo anticonstitucional si bien no es eel único absurdo que contiene este documento tan alabado en los discursos como inoperante en la práctica.

Para nada sirve una Constitución que permite un poder absoluto en manos de quien no tiene escrúpulos de tiranizar a una nación sometida por la fuerza bruta a base de saltarse los resultados de las elecciones, perseguir impunemente a las personas, destituir gobiernos democráticamente elegidos y cerrar parlamentos a su capricho, sin dar cuenta a nadie. Lo ayudan en el siniestro empeño unos medios comprados y sometidos a sus designios y unos jueces cuya actuación coincide en la línea de persecución inquisitorial de los adversarios del poder político a cuyo servicio están y por cuya impunidad velan, como ese Tribunal Constitucional que suspende la comisión de la Generalitat encargada de investigar la brutalidad policial del 1 de octubre.

Hasta ahí el Estado de derecho del B155 del triunvirato Rajoy, Sánchez, Rivera, dispuesto a restaurar el franquismo en toda su sórdida miseria.

Dice Rajoy que el prófugo de la justicia Puigdemont, debe retornar a España a la investidura presencial. Es una consideración típicamente farisea pues se trata de una trampa para detenerlo ilegalmente, como está pasando con los otros presos políticos, y a continuación exhibirlo como un trofeo en un acto de venganza que convertiría el franquismo del B155 en puro fascismo. Quiere humillar a Cataluña encadenando en público a su máximo legítimo representante. La presencia de Puigdemont en Bélgica, fuera del alcance de la arbitrariedad española, es la prueba más contundente de la deriva dictatorial, franquista de la situación política en España y Cataluña

Puigdemont no es un prófugo de la justicia. La española retiró la orden de busca y captura en su día, sabedora de que la justicia belga, que sí corresponde a un Estado de derecho y no a una dictadura como aquí, no concedería la extradición o y si la concedía, impediría que se le juzgara por los delitos que unos jueces complacientes se inventan al servicio del poder político.

En realidad, el único prófugo de la justicia en el Estado español es el propio presidente de un partido procesado en diversas causas, con más de 1.000 procesados, entre ellos tres exministros, acusado de cobrar sobresueldos de la caja B del partido y de avalar las cuentas de un presunto delincuente en Suiza. Igual que la única ilegalidad están cometiéndola un gobierno y unos jueces que impiden el normal funcionamiento de unas instituciones cuando el resultado de las elecciones no es el que ellos quieren.

Los poderes del 155

Además de un jarrón chino, la Constitución es un jarrón chino roto.  Imposible de recomponer y menos en esta confusión en la que, quien debiera aclararla, es quien la aviva. 

El gobierno no acepta el resultado de las elecciones que él mismo convocó en virtud de la norma de plenos poderes del 155, según la interpreta el B155.  Acerca del propósito de restablecer la Constitución mediante un artículo que la suspende ya habrá tiempo de entretenerse.

El hecho es que no se acepta el resultado electoral y, por lo tanto, todo seguirá viciado. Recuerda Rajoy que el decreto del 155 prevé su levantamiento cuando el presidente de la Generalitat haya tomado posesión. Le dicen que la toma por vía telemática y voluntad del Parlamento y dice que no vale, que solo vale la presencial (sabedor, claro, del inmediato encarcelamiento del presidente; la foto que busca el B155) porque a él le da la gana, ya que no hay razón alguna para que no valga. Solo la fuerza bruta del 155.

Hay en contra el informe de los letrados del Parlament, pero es un dictamen consultivo, no vinculante. La decisión la toma el Parlament. Y es esta la que el gobierno pretende dejar sin efecto, aunque no se vea por qué motivo ni en función de qué. La amenaza de Rajoy es una clara previsión de que seguirá rigiendo un gobierno arbitrario, personal, dictatorial de M. Rajoy. 

La prueba de que esto no tiene ya nada que ver con un Estado de derecho es la celeridad con que los más espabilados del B155 tratan de encontrar una solución que dé apariencia de normalidad, al menos para evitar la prolongación de este espectáculo internacional que es la habitual mezcla de fanfarronería e inoperancia españolas. Un esperpento, en efecto, como machaca diariamente El País pero no a causa de Puigdemont, sino de un ministra de Defensa que lo toma como Cipollino y un presidente como M. Rajoy, que se envanece de haber destituido un gobierno democráticamente elegido y cerrado un Parlamento. Títulos de gloria en cualquier país civilizado.

Esa "normalidad" mendaz, aparente, falsa es además inútil. No es concebible un govern independentista, esté constituido como esté constituido, que no reviente por un lugar u otro las costuras no de la Constitución, sino de la falta de esta, de la anticonstitución, de la arbitrariedad y la dictadura que significa el hecho de que las decisiones políticas las tome un individuo. Sobre todo porque es imposible considerar "normal" una situación en que hay presos y exiliados políticos, por mucha logomaquia que el poder y sus secuaces echen a la cuestión. 

Y aquí entran los jueces. La evidente coordinación del frente gubernativo y el judicial en el conflicto España-Cataluña con la entusiasta colaboración de los medios ha disipado la última duda: en España no hay Estado derecho que ya empezó a tambalearse cuando el PP ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta. 

De forma que el PP ha hecho gala de una piqueta excepcional: primero se cargó el Estado del bienestar; luego, el Estado de derecho; y ahora está cargándose el Estado a secas.

Los "descabezados", en cabeza

El encarcelamiento de los Jordis primero y medio Govern después vino precedido de una profecía cínica del gobierno: habrá algo de jaleo callejero una o dos semanas y, luego, vuelta a la normalidad. Como en el País Vasco. Vuelta a la normalidad en Cataluña es lo que anhelan las almas de bien, como Cebrián, que lo ansía fervientemente, pero duda de que sea posible, dado que todo el mundo se obstina en no hacerle caso. Normalidad no ha habido ni un solo día en Cataluña ni en España después del golpe unilateral del B155. Ni la habrá. No dos semanas sino tres meses han pasado desde el encarcelamiento de los Jordis y la presión de la calle ha ido en aumento. Hasta tal punto que se sentiría uno inclinado a dar la razón a los jueces en su inaceptable argumento de que no se puede poner en libertad a estos presos politicos por el gran apoyo social de que gozan.

Es que, evidentemente, no es así. Los dirigentes lo son de un movimiento que no depende de ellos, cosa que el Tribunal no parece comprender, sino de una convicción y voluntad sociales compartidas que impulsan a la acción colectiva. No hay retorno a la normalidad en circunstancias excepcionales. Sostenerlo es puro fariseísmo. Habrá que seguir reprimiendo (eso sí, con mucha "normalidad") y mandando gente a la cárcel. Cada vez más gente; en las manifestaciones, en los ayuntamientos, por doquiera. 

Según parece, los jueces han decidido reemplazar al poder político y resolver ellos a su manera la cuestión del independentismo catalán. Eso se veía venir. Siempre que la derecha gobierna hay bronca y aquella echa mano de una instancia estatal, supuestamente al servicio de todos, para sus fines partidistas. Mientras pudo, lo hizo con el ejército; ahora, con los jueces. Tienen estos de ventaja, además que, siendo del Supremo, son última instancia, a reserva de lo que se dilucide en la jurisdiccción constitucional, hoy sometida al 155.  Y si esa última instancia, en actividad de "justicia política nacional" allana el camino para poder prohibir partidos políticos por su ideología contraria al régimen por el motivo que sea, ya no quedará nada del Estado de derecho.

Esa es la "normalidad" del B155. La perpetuación de la dictadura en Cataluña. Algo inviable.

Daos presos, ilusos

Hay que prestar atención a la semiótica. La portada de El periódico recuerda los carteles de "Se busca", despide un tufo a comisaría. En este caso, española, porque el diario es reciamente unionista, como su rival La Vanguardia. Añade que Puigdemont está cada vez más solo. Sintetiza el odio al independentismo del que viene cargada la prensa española. 

El B155 dispone de una formidable división mediática que recuerda la famosa Brunete mediática de los años 90. Y la deja muy chica. Ahora no hay excepciones. Todos contra Cataluña empleando todos los medios. Todo por la Patria. La idea sigue siendo no negociar, no pactar nada; sofocar el independentismo al coste que sea. 

Baño de realidad reza el titular con esas connotaciones semióticas señaladas de los más buscados o los cabecillas vencidos. Pero es imposible ocultar el fondo verdadero del mensaje: la realidad es la cárcel, las multas, los procesos, los embargos. La realidad es la represión. Pero esa es una realidad que nadie acepta, ni siquiera quienes la aceptan. La represión no se acepta porque es represión y fracasa siempre, incluso cuando triunfa.  

El baño de realidad se verá en tres días, cuando se constituya un Parlament telemáticamente y ese Parlament empiece a debatir si la investidura también es telemática. Cosa perfectamente legítima y legal sin que haya argumentos de peso en contra. A reserva de los que esgriman los letrados del Parlament que, sobre ser discutibles, no son vinculantes. 

Interferir en el normal funcionamiento de las instituciones catalanas cuya recuperación es esencial para los independentistas, como señala Junqueras es un desatino porque solo puede hacerse invocando otra vez el 155. Lo que abocaría al país a unas elecciones nuevas que, en principio, nadie quiere. 

Aun en el caso de que la recuperación de las instituciones hubiera de hacerse invistiendo otro candidato al presidente que ya lo es legítimamente, la situación no se resolvería pues el govern republicano entraría en conflicto desde el minuto uno con el gobierno central monárquico que volvería a invocar el 155. Situación de ilegalidad patente. Incapacidad del gobierno para resolver la cuestión pacífica y democráticamente. Había una crisis constitucional larvada que el proceso constituyente catalán ha puesto en evidencia.

Porque, además de un conflicto territorial, hay otro sobre la forma de gobierno.

Y la represión no es la vía para resolver ninguno de los dos.

La presidencia, bajo el fuego del B155

Los jueces están actuando de hecho como brazos ejecutores de la política del gobierno. Sin duda lo harán con exquisito tacto jurídico aunque, por lo que se lee y escucha a muchos y competentes profesionales parece todo lo contrario. El hecho es que  aplican la doctrina del gobierno. O al revés. O es mera coincidencia. Pero es. La intención, obvia: oponer toda suerte de obstáculos al cumplimiento del resultado electoral del 21 de diciembre. Al extremo de contravenir principios fundamentales del Estado de derecho con el riesgo de ser después desautorizados, jueces y gobernantes, por las instancias europeas. Largo creen tenerlo fiado. En el futuro, ya se verá. De momento, se ve quién manda y la situación se normaliza al gusto autoritario del B155.

Es una visión tan corta que maravilla. No sé si los eurodiputados de JxC serán profetas. Tampoco sé a qué llama el periódico "diputados de Junts per Catalunya" pues, si no yerro, de JxC solo hay uno; los otros dos son de ERC. La foto induce a engaño, es casi un trampantojo, pues los retratados son los pertenecientes al eurogrupo en el que están integrados los indepes catalanes. En todo caso, la profecía se verá en cosa de días. Cuatro, respecto a la toma de posesión de actas de los presos y exiliados políticos. Si no hay inconveniente a que los hagan por delegación de voto los presos, tampoco lo habrá a que lo hagan los exiliados. Algo más de dos semanas para la presidencia. Y esto es un juego de nervios. 

M. Rajoy advierte hoscamente que bloqueará el intento de la investidura telemática por considerarla absurda, apoyado por su heraldo El País que, más culto, la llama "esperpéntica". Para amenazar con más consistencia, como Dios manda, advierte el gobierno que, si se da la investidura telemática, seguirá aplicándose el 155. Con todos mis respetos, es lo más estúpido que he leído en días. En primer lugar, la prolongación del 155 se daba por descontada unas horas después del resultado electoral del 21 de diciembre, innecesario buscar excusas. En segundo término, carece de sentido amenazar con nada si se da una investidura telemática que antes se ha bloqueado. ¿O no se ha bloqueado? Fuera de menospreciar la fórmula telemática, los contrarios no aducen razón alguna seria para desecharla y mucho menos para justificar una situación de excepcionalidad y arbitrariedad que, lejos de resolver el problema, está agravándolo a ojos vista y es la que obliga a unas situaciones cada vez más problemáticas.

Lo lógico es que la profecía se cumpla por entero. Hasta ahora, el movimiento indepe ha cubierto sus objetivos y cumplido sus promesas, asumiendo costes colectivos y personales muy altos. Es de lamentar que las autoridades y sus poco sensibles terminales mediáticas no entiendan que en Cataluña se ha pasado un punto de no retorno y se enfrentan a un proceso constituyente con muy fuerte apoyo social transversal, movilizado y cohesionado. Podrán obtener alguna victoria pírrica, algún adelanto transitorio pero, a medio plazo, por este camino de represión, intervención y ocupación de hecho, tienen la guerra perdida.

Entre bromas y veras

Las chirigotas de Cádiz son irreverentes e irrespetuosas. Deben serlo. Casi todos los festejos populares lo son, según explican los antropólogos culturales. Me atrevería a decir que todos los festejos, populares o no. Pero ese es otro asunto.

El humor no tiene límites ni fronteras. Se los pone el siglo, según el momento en que se viva. Los jueces, por ejemplo, dictan límites muy estrictos a la irreverencia de izquierda (titiriteros, tuiteros con chistes sobre Carrero Blanco, etc.) y muy holgados a la de derecha, especialmente si es anticatalana. 

La chirrigota ha movido a indignación en Cataluña, en donde se habla de delito de odio, por sí misma. Se entiende que el ridiculizado Puigdemont simboliza Cataluña entera. Pero este escándalo está mal enfocado. No puede venir del cargo en la picota porque en los carnavales los cargos no cuentan. Tampoco de que sea un tema político ya que la política, sobre todo la política del poder, es tema preferido de las chirigotas. Lo censurable en la representación es que hace la burla no del poder, sino de su víctima, que toma partido por el poderoso, que pone la chirigota al servicio del mensaje del gobierno. El teatro del poder hecho teatro. Y, peor aun, añade dos mensajes implícitos muy desagradables: es el público el que exige decapitar a Puigdemont (aspecto "democrático") y se da por buena la pena de muerte, cuestión que siempre acaba saliendo en los casos de terrorismo y, si no hay terrorismo, de cualquier cosa que pueda calificarse como "alta traición", sobre todo si viene acompañado de un ladino empleo de la violencia, consistente en ser agredido, no en agredir.

¿Tiene que haber "intocables" para el humor? Pienso que no, aunque eso será cosa de lo que decidan las partes afectadas. Siempre hay profundos y legítimos sentimientos que pueden considerarse injuriados por expresiones de terceros. También es algo que decide el siglo que puede considerar delito hacer chistes sobre el Holocausto, pero no sobre el régimen nazi. Quiza justificado por la disimilitud señalada entre el poder y su víctima.

 Pero, en todo caso, hay que atender a los matices para no acabar metiendo las dos patas: la una, al tomarse a chacota la desgracia ajena y la otra al conseguir lo contrario de lo que se busca pues, lejos de humillar a Puigdemont, esta chirigota lo ensalza sobre sus espectadores, jueces y verdugos entre bromas y veras. Y de la causa de Cataluña, que lo ocupa todo, desde el consejo de ministros hasta los carnavales de Cádiz, ya no hablemos.

El tiempo y el castigo

En todo conflicto, controversia, batalla, hay momentos altos y bajos y los segundos son aprovechados por el adversario para imponerse. Las portadas de la prensa con motivo de los arrepentimientos de los dos Jordis y Forn son como peanes de victoria mostrando en cadenas a los vencidos. Los líderes del "procés" presos se retractan y aceptan la ley trompetea El País en primera. El editorial ya va más a fondo y tira exclusivamente contra el presidente Puigdemont (Esperpento catalán). Acierta. Él y Junqueras son los objetivos por derribar. Son los dos líderes políticos de este movimiento social. El uno está en la cárcel; el otro, en libertad en el extranjero con mucho margen de acción. Y los dos, como de común acuerdo, piensan que hay que aguantar. Es el espíritu del artículo de Puigdemont que hoy publica Politico.Eu, un semanario muy leído en Europa y América, titulado Cataluña no será acallada Gracias, Serri). El pie del artículo aclara que Puigdemont es expresidente del gobierno catalán, que está acusado de sedición y rebelión en España y actualmente reside en Bélgica. Uno en la cárcel y otro en el exilio y así parece que van a seguir durante un tiempo. Porque si los seres humanos somos en el tiempo, según el filósofo, arrebatárselo a alguien es el peor de los castigos, es privarle de una parte de su vida. Ante la eventualidad, los ánimos difieren. Hay quien prefiere evitar el castigo y quien, como Mandela, lo arrostra más de veinte años. Ese ser en el tiempo vive muchos estados de ánimo.

¿Qué decir de las bajas? Que somos humanos, somos en el tiempo, tenemos derecho a vivir y cada cual afronta estos momentos a su modo. Lo cual es absolutamente comprensible y en modo alguno vituperable. No lo es si esas supuestas retractaciones y reniegos son sinceras y no lo serían si fuesen insinceras. Es el tribunal el que carga aquí con la responsabilidad de juzgar a la gente por sus convicciones cuando exige retractación pública. E pur...

La experiencia de ver a los líderes humillados en las horcas caudinas solivianta los ánimos de mucha gente que los ha seguido. He visto alguna pieza enfurecida. Es comprensible. Y muy de tener en cuenta la advertencia de que abandonar la hoja de ruta sería una canallada y un fraude épico para millones de personas que se pusieron en marcha con un objetivo compartido, aguantaron la violencia represiva del Estado y reiteraron su voluntad pacíficamente el 21D, tras haber aplaudido la declaración de independencia que trajo el 155 y la situación, esa sí, esperpéntica de un Estado de derecho en perpetuo estado de excepción. 

Solo dos observaciones encadenadas: a) no es posible juicio moral alguno sobre los actos de los procesados. Cada cual aguanta hasta donde puede. Obligarlos además a mantener una doble actividad política y judicial quizá no sea lo más adecuado, ni siquiera desde el punto de vista operativo. Los tres procesados por una parte y Forcadell por la otra tienen derecho a pedir el relevo para hacer frente a sus asuntos judiciales. 

Y es lógico que lo tengan por la segunda obervación: b) cierto, la acción colectiva popular tiene el efecto de un proceso constituyente de raíz popular, revolucionaria. Necesita una dirección. La tiene y muy simbólica en las personas de los dos líderes, uno en prisión y el otro en el exilio. Y en este orden simbólico debe mencionarse una tercera figura, Artur Mas, cuya autoridad no ha dejado de crecer en el seno del movimiento independentista, en proporción a la furia vengativa del Estado contra él quien, no contento con procesarlo por la vía penal, ha movido al Tribunal de Cuentas a que le embargue su vivienda. Una medida ruin que convierte en víctima no solo a Mas sino a sus descendientes. 

El Estado a veces acierta. Así como El País señala a Puigdemont como el enemigo público nº 1 de la democracia, el gobierno lo hace con Mas. Y no sin razón: Mas fue el responsable del primer referéndum, el del 9N, con el que se daba continuidad y se resumía la serie de referendums que habían ido celebrándose en distintos municipios catalanes desde 2009, generalmente impulsados por la CUP. Por eso quieren buscarle la ruina. Y él continúa.

Cuando un movimiento social tiene un apoyo político transversal, desde la burguesía neoliberal hasta los antisistema, pasando por varias muestras de la izquierda más socialdemócrata; cuando integra una acción colectiva social muy extendida y coordinada; cuando tiene un relato nítido, pacífico y democrático, cuenta con  líderes firmes y una atención internacional creciente, entonces, lo que suceda entre estos puntales de espacio y tiempo, es secundario. Las personas son reemplazables y, si hubo miles de voluntarios para organizar el referéndum del 1º de octubre, también los habrá para cubrir los cargos o plazas que queden vacantes por la razón que sea. 

Todas las personas son reemplazables, hasta los líderes. Cosa que estos entenderán si llegan a la conclusión de que su presencia (incluso a distancia o entre rejas) es perjudicial al movimiento. Pero será una conclusión que alcancen ellos, no la que diga El país con su habitual  agresividad. Y, de momento, no se vislumbra razón alguna para que lo hagan. 

Con lo que sigue rigiendo el apotegma reciente de Mas: "primero, la patria (Catalunya); después, el partido; y luego, la persona". Un hombre que hace lo que dice. 

Va a ser difícil elegir un presidente de la República Catalana cuando toque.

Todo está en las ondas

El B155 dispara una primera salva de aviso: el gobiernro bloqueará una investidura que no sea presencial, animada con un titular de El País que suena a prensa de guerra: Puigdemont exige violar otra vez la ley para ser investido. Este periódico está desatado.

Lo del gobierno es preocupante. Eso de "bloquear" suena un poco a Eliott Ness y los intocables. Tendrá que ir al Constitucional a recoger la correspondiente prohibición y autorización para actuar al modo usual: deteniendo a la gente.

La cuestión de la viabilidad o no de la investidura telemática es ociosa desde el momento en que el gobierno anuncia que la bloqueará. Roma locuta causa finita. 

Pero la política es un maremágnum. La cuestión en sí misma de la validez de la investidura por medios telemáticos es muy digna de tenerse en cuenta y, a lo mejor, el Tribunal Constitucional considera que los tiempos han cambiado y lo telemático y digital es tan real como lo material y tangible (también digital, pero en otro sentido) ¿quién sabe? Sería un buen modo de demostrar que no es un correveidile del gobierno.

Según parece, los letrados del Parlament están preparando un furibundo informe en contra de la telematicidad de la investidura, que diría un escolástico. Hacen bien. Están en su papel. En parte como abogados del diablo y en parte porque son gente de orden. Ejercen su función en el marco de la Constitución y el Estatuto y, francamente, hay cosas en los últimos tiempos de la Generalitat que exceden el marco estatutario. Quizá, pero no tanto como la actuación del gobierno ha excedido el marco constitucional. El Parlament, por lo demás, hará el caso que estime oportuno del dictamen, cuenta habida de que no es vinculante.

Los Comunes se decantan por donde se esperaba. No hay equidistancia posible entre dos extremos tan disímiles. El río arrastra.

La estrategia de la derecha es forzar nuevas elecciones. Incluso, según se ve, a un coste de imagen altísimo, dentro y fuera de España. Tanto que quizá no puedan convocarse y sea preciso transigir con alguna forma de govern independentista en la Generalitat. 

El bloque independentista habrá de calibrar si le interesan o no nuevas elecciones, pero no actuar en función de ello pues no dependen de él. Hará bien en encontrar tantas formas de govern independentista como pueda imaginar en función de las distintas trabas que se le pondrán. La forma de gobierno más independentista que pueda conseguirse en las circunstancias.

Luego se decidirá si se acepta tal cosa o se opta por una política de resistencia institucional, por ejemplo con una retirada al Aventino  de los 70 diputados indepes. Capaces son de procesarlos por rebelión.

El gobierno dice oponerse a una posible investidura telemática que votara el Parlament. Hemos de suponer que da por constituido este órgano y, por lo tanto, habrá aceptado la toma de posesión de Puigdemont de su acta de diputado por vía telemátca. Si puede ser diputado, ¿por que no presidente?

Avalon

Tanto dar pasos a un lado, Artur Mas acabará camino de Avalon, a esperar la inmortalidad de mano de su hermana Morgana. La inmortalidad puede esperar pero los dos pasos al costado de Mas le han ganado una dimensión de estadista que él ha resumido de modo contundente diciendo que primero está el país, Catalunya; después, el partido; y luego, la persona. Este hombre tiene temple. Está bien la metáfora del rey Artur de eldiario.es y su desmitificación en el artículo. Los héroes son héroes porque son humanos.

Ayer el relato iba de Ulises retornando a Ítaca. Hoy va de los caballeros de la mesa redonda en busca del Santo Grial que algunos, por cierto, sitúan en Montserrat.

Con el rey Artur en Avalon, a la pelea acude Lanzarote del Lago, esforzado caballero desfacedor de entuertos, desde Bruselas. El paralelo es fácil. Ando buscando otro para Junqueras. Vendría bien Galahad, por su carácter, pero su condición de hijo del promiscuo Lanzarote lo hace inadecuado. Dudo entre otros dos, Bors y Perceval, que tienen la ventaja de acompañar a Galahad cuando este contempla por fin el Santo Grial. Pero eso deja fuera a Lanzarote, más guerrero que monje. Pero no haya dudas, estamos entre caballeros, rige la ley de la caballería andante: lealtad, valor, desinterés. 

Perdónese a Palinuro la excursión por las nieblas de Avalon, en donde nadie combate contra un adversario que no puede responder porque rige el código caballeresco. Se le vienen a uno a la mente estas semejanzas leyendo las interpretaciones que los medios dan de las cosas catalanas, caracterizadas por una mundanidad tan malévola como boba. El País titula con un Kalashnikov que la intransigencia de Puigdemont abre un abismo entre ERC y el PDeCat. Supongo que quiere decir JxC, pero nunca se sabe. Los términos del otrora moderado diario de la ilustración, hoy dictados por la furia nacional, son fuertes, bélicos: "crisis", "separatismo", "primeras bajas". Parece mentira que sea preciso apaciguar a los defensores del orden. 

Hay que repetirlo: el independentismo no es un asunto de orden público, no es una conjura de cuatro iluminados, ni una cortina de humo de unos corruptos, ni un asunto de lucha de partidos, ni de relaciones con las organizaciones sociales. Es un movimiento sostenido por un hecho insólito, un primero de octubre cuya imagen, tristemente presente en todas las retinas, aumenta en importancia y significado con el paso del tiempo. En esas cargas, España enterró la mucha o poca razón que pudiera tener. En la resistencia pacífica que encontraron nació un mandato explicito, que se ha mantenido en el tiempo, de llevar a término la hoja de ruta que se comprometió en su día.

Los buscadores de este Santo Grial tienen claro su proceder, según los términos de Mas: primero, el país; después el partido; y luego las personas. Obvio. 

El retorno

Las leyendas del retorno del héroe son tan antiguas como la humanidad. La más famosa, la de Ulises a Ítaca. Están llenas de aventuras y peripecias. El héroe tiene que salvarse de los hechizos de las magas, los cantos de sirena, la furia de los cíclopes, el apetito de unos gigantes, la desmemoria o la malevolencia de las rocas. Y para ello necesita un manojo de cualidades, en especial ingenio, inventiva.

Ahí está la Sexta escamada por una foto de Puigdemont en la frontera con Francia que este ha subido a Instagram con el sinuoso título de en camí. Es un punto entre Molló y Camprodon, por donde, según parece, intentó su invasión Macià en 1926. Esto empieza a tomar aires de cuando el CNI buscaba las urnas por toda Cataluña; como de tomadura de pelo. A saber en dónde está Puigdemont. El presidente combina el aura gaullista con unos toques de Pimpinela Escarlata. Ya solo falta que el gobierno impermeabilice las fronteras y haga reconocimientos faciales a todos los pasajeros. 

Mientras tanto, los tertulianos se enzarzan en sesudas discusiones sobre la opción de que Puigdemont tome posesión por vía telemática. El que mejor ha resumido la banalidad de este debate ha sido Iceta en su santa simplicidad: la investidura telèmatica "no existeix". Como todo en esta vida. Como el propio Iceta: antes no existía y ahora sí. La razón de ser de esta toma de posesión telemática: que la presencial es imposible por causa de fuerza mayor contra toda razón y justicia.

Degaulle/Pimpinela ha convocado al bloque indepe a Bruselas el finde. Cónclave, a ver qué se hace. Y algo se hará. Todas las opciones están abiertas y los recursos son variados. La ANC apoya; Ómnium, ni que decir; ERC, también, con las correspondientes precisiones; y la CUP. Grupo cerrado presto a llevar al héroe de retorno a Ítaca.

Al menos, es lo que se desprende de las palabras más a ras de tierra de Turull: habrá Presidente, habrá Parlament y habrá govern.

Y no es el eterno retorno.

El gobierno de la República Catalana

Aquí mi artículo de elMón.cat de hoy. No me molesto en hablar de él porque aporto la versión castellana. La conclusión es que el gobierno debe reconocer el resultado de las elecciones del 21 de diciembre pasado y actuar en consecuencia, garantizando que los candidatos electos puedan ejercer su derecho de sufragio pasivo, tomar posesión de sus actas de diputados y constituir un gobierno de acuerdo con dichos resultados. Sí, ya sé que hay muchas voces y pretensiones en juego, incluidas las judiciales. No estamos para perder el tiempo. Corresponde al Estado garantizar los citados derechos, cosa que apoyo con la cita textual del famoso 9.2 de la Constitución: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Que el principal obstáculo que el Estado deba remover sea él mismo, en su desaforada acción, es cosa que solo a él compete.

Versión castellana.

La República Catalana y su gobierno

Cataluña es la tumba de los restos del Imperio español que, queriendo sobrevivir, afirma ser un Estado democrático de derecho en normales relaciones con las democracias de su entorno europeo. Sin embargo, es incapaz de comportarse como tal sino como un manojo de incompetentes y malhechores. Su fechorías pueden ser de largo alcance, como el saqueo de la hucha de las pensiones (esa sí que será herencia para el gobierno posterior), o directas e inmediatas, como el desastre de la AP6. Pero en los dos casos, los factores son los mismos: latrocinio e ineptitud. Como siempre en estos casos, en el momento del desastre, el ministro estaba en los toros, en el fútbol o en algún spa, haciendo lo único que saben hacer: nada. Y, por supuesto, el resultado es el mismo. Aquí no dimite nadie, por ruinosa y dañina que sea su gestión. Al contrario, cuanto peor sea esta, y más inmoral, más se asciende al responsable. Ahí está para probarlo, el presidente M punto Rajoy, acusado de cobrar sobresueldos en B y a quien, como al responsable del desastre de la AP6, jamás se le ha pasado por la cabeza dimitir.

Cuando toca a Cataluña, España tampoco es un Estado de derecho, pero no solo para convertirse en un Estado de desecho, sino para vestirse asimismo de tiranía. Los corruptos e inútiles que expolian en España se convierten en déspotas arbitrarios cuando miran hacia arriba.

Desde el 27 de octubre de 2017, Cataluña es una República independiente por voluntad mayoritaria de su parlamento legítimo. Un intervención desaforada e ilegal del Estado creó una situación excepcional de hecho,con el presidente del gobierno catalán en el exilio, el vicepresidente en la cárcel, el gobierno destituido, el Parlamento clausurado, todo ello pendiente a su vez de unas elecciones el 21 de diciembre pasado, que habían de aclarar el futuro de Cataluña. El resultado de estas fue un nuevo triunfo del gobierno legítimo de la Generalitat y la repetición de la mayoría parlamentaria absoluta independentista:

¿A qué espera el gobierno para reconocer este resultado, reponer a los exiliados y encarcelados en sus puestos, a la mayoría parlamentaria en el suyo y permitir que el Parlamento continúe con su labor, interrumpida a raíz del golpe de Estado del bloque del 155 (PP, PSOE, C’s)? Obviamente a que los jueces, movidos por la fiscalía, que cumple órdenes del propio gobierno, le hagan el trabajo sucio, impidan que los cargos electos ocupen los cargos para los que han sido elegidos y presten un disfraz jurídico a la pura arbitrariedad y tiranía de un gobierno de malhechores que usurpa las instituciones de Cataluña y boicotea su funcionamiento como Estado democrático de derecho, cosa que él no es.

En esta situación de arbitrariedad, despotismo, indebida injerencia judicial, ilegalidad de hecho y sabotaje español de las instituciones catalanas reina la más absoluta inseguridad jurídica y el atropello a los derechos de los ciudadanos. Tanto es así que hasta Arrimadas cree que puede llegar a la presidencia de la Generalitat, que las urnas no le han dado, pasando por encima del exilio y la cárcel de sus adversarios.

El único inconveniente para los planes españoles de aniquilar por el abuso y la fuerza el independentismo catalán es que este ha ganado las elecciones que los mismos españoles convocaron en condiciones de irritante desigualdad a su favor y en contra de los catalanes. Toca, pues, al presidente y vicepresidente legítimos de la Generalitat componer el gobierno que fue ilegalmente depuesto el 27 de octubre y repuesto por voluntad popular el 21 de diciembre. Cómo vaya a organizar política y judicialmente esta restitución el bloque del 155 es asunto que él deberá acometer y es de esperar que lo haga con algo más más de eficacia de la que muestra en la gestión del tráfico aunque menos de la tiene en saquear el erario.

Los candidatos electos, Puigdemont, Junqueras, etc., deben tomar posesión de sus cargos, junto con el resto del gobierno legítimo de la Generalitat el próximo 17 de enero sin más trampas ni dilaciones. Los procesos penales abiertos por unos jueces complacientes con la tiranía del PP con el fin de montar una causa política general contra el independentismo deben archivarse. El conflicto debe resolverse en el único ámbito en que se planteó por la parte catalana, el de la negociación política y el acuerdo y del que se ha desviado por el carácter marcadamente franquista de los gobernantes y los jueces que los secundan.

Mientras el gobierno español encuentra una vía para salir del hoyo dictatorial en que se ha metido con ayuda de los irresponsables del PSOE y C’s, los catalanes harán bien en barajar todas las posibilidades que conduzcan al restablecimiento de la legítima Generalitat. Y en poner en práctica las que mejor garanticen la independencia y seguridad de la República Catalana.

Incluida una medida de resistencia frente a la tiranía consistente en no aceptar las condiciones humillantes e ilegales que dicte la coyunda de gobernantes y jueces al amparo del 155. La mayoría absoluta del Parlament podría negarse a constituirse en condiciones abusivas e ilegales y practicar lo que se conoce como la “retirada al Aventino”: los diputados independentistas se reunirían en otra parte, incluso fuera de territorio español, en parlamento legítimo de Cataluña, y dejarían a la señora Arrimadas, al señor Iceta y al señor Albiol reducidos a lo que son: una tertulia televisiva española.

Miedo a los líderes

Decían enfrentarse a una conjura de iluminados que saldrían corriendo en cuanto el Estado se pusiera serio. Hablaban de unas masas tumultuarias que fue preciso aplacar con contundencia mediante la fuerza pública y el uso legítimo de la violencia. Reaccionaron frente a un esperpento parlamentario con declaración ilegal y disparatada de independencia. Encarcelados o exiliados los líderes, los tildaron de cobardes, fugados, arrepentidos. Vieron el desplazamiento de 45.000 a Bruselas el siete de diciembre como una peregrinación de lazos amarillos, similar a las de Lourdes. Descontaron un resultado electoral el 21D con un triunfo de las fuerzas independentistas.

Ni una. Nada de conjura de iluminados, ni de tumultos (salvo los que organizan los constitucionalistas), ni de cobardía o arrepentimiento de los líderes, ni de peregrinación, ni de derrota en las urnas.

Un movimiento social muy fuerte, muy extendido, concienciado y con fuerte voluntad, y unos líderes sólidos, coordinados y con el apoyo del movimiento en su conjunto. Estos genios del bloque del 155 (B155 de ahora en adelante) han dibujado el escenario de una ciudadela sitiada por una mezcla de bárbaros, mercenarios y asaltacaminos, más o menos encuadrados en algún orden regular. Han dibujado la Resistencia frente al imperio. Nunca han tenido la iniciativa política; han perdido la batalla del relato; y ahora solo les queda la fuerza bruta disfrazada con toga judicial.

El País, abanderado de la batalla contra el independentismo, acude a la táctica de minar la moral de los adversarios, pues no puede levantar la propia. El punto más antiguo de esa táctica es dividirlos, difundir rumores y bulos para enfrentarlos entre sí. ¡El secesionismo desestabilizado! Ahí es nada. Ante esta buena nueva, hasta Arrimadas se anima a pujar por la presidencia. Ya solo con esta posibilidad se garantiza la unidad monolítica del bloque independentista y hasta la CUP, horrorizada, corre a integrarse en el govern. En el propio vídeo que El País acompaña a su noticia (véanlo, es breve), se dice lo contrario de lo que esta afirma. De desestabilizar, nada. La noticia se engancha al final en la frase de Rufian: si Puigdemont no puede ser presidente, ellos proponen a Junqueras. Lógico: ¿quién va a sustituir a un Presidente que causa baja por el motivo que sea? ¿El ganador de la vuelta ciclista? 

Estas y otras majaderías (como la habitual cospedaliana de manosear otra vez al ejército) no consiguen ocultar el miedo del B155 a los líderes independentistas. Son honrados, íntegros, tienen carisma, luchan con sacrificio personal por una causa, la gente los apoya y los sigue y todos están movidos por un mismo objetivo. Nada de eso hay en España. Nada. Un gobierno de mafiosos, una oposición claudicante, unos medios comprados, una justicia desprestigiada, unas masas que solo se movilizan contra Cataluña, un país saqueado y extraordinariamente débil en el concierto internacional.

Miedo cerval. El B155 está dispuesto a hacer lo que sea para que esos líderes no tomen posesión de los cargos. Se entiende, aunque no sea justificable. Les va la carrera en ello. A los de triunvirato nacional Rajoy/Sánchez/Rivera y quizá también al afuereño Iglesias. Que se salgan con la suya de impedirlo o no dependerá de las respuestas que puedan dar a estas dos preguntas: 1ª) ¿a qué coste; 2ª) después, ¿qué?

De momento, el resultado de las elecciones del 21D exige que todos los diputados electos puedan tomar posesión de sus actas, constituir el Parlament y, a continuación, constituir el govern, cuya primera declaración, su duda, será considerarse restituido antes que constituido.

El gran robo del siglo

El robo del siglo y del país. Y en más de un sentido.

Es una convicción generalizada: los que venían a gestionar bien, con sentido común, sin gastar más de lo que tenemos, a acabar con el paro en dos años, han destruido, han esquilmado el país. Han descapitalizado todos los servicios públicos, reducido los salarios a la miseria, recortado o suprimido todo tipo de subsidios, arruinado la I+D y expoliado el fondo de reserva de la seguridad social. Y han creado una deuda pública billonaria que habrán de pagar las generaciones futuras.

Un crimen. Perpetrado por una mezcla de incompetencia y corrupción y, la verdad, no se sabe cuál será mayor. Porque sinvergüenzas son un rato largo (mil imputados, se dice pronto), pero estúpidos, aun más. Basta con oírlos hablar, empezando por el presidente de los sobresueldos, que no sabe ni en qué año vive. 

Un crimen palmario, público, evidente, trufado de verdaderas afrentas a la dignidad (y los bolsillos) de la ciudadanía, como los rescates bancarios o el hecho de que Urdangarin y Rato anden por ahí mientras Junqueras y otros están en la cárcel. Paladino, notorio, humillante. Tanto que ya está saltando a los medios internacionales como lo que es, un gobierno de una asociación de presuntos delincuentes (vulgo mafia) .

Claro que no es la resonancia internacional de la corrupción lo que preocupa al gobierno. Si es capaz de censurar y manipular la información interior, más podrá hacerlo con la exterior. Lo que le preocupa es la solidez del apoyo judicial a su política represiva en Cataluña. Represiva y provocadora pues, valiéndose del 155, busca impedir el normal desarrollo de la política institucional catalana a base de torpedear el cumplimiento del resultado de las elecciones del 21D, como se le exige en la UE. Lo que le preocupa es hasta qué punto en Europa se aceptará la excusa judicial para sancionar un estado de excepción que ni hay modo de justificar ni tiene expectativa alguna de viabilidad. En qué medida Europa no relacionará el conocimiento de la corrupción en España, la falta de independencia judicial que denuncian el Consejo de Europa y la Comisión Europa con un procedimiento judicial que tiene caracteres de "justicia política", incluso inquisitoriales.

Si de lo que se trata es de hacer, como dice el abogado de Junqueras, una causa general contra el independentismo, conviene que los estrategas de la derecha piensen en la eventualidad de tener que ampliar la causa a los más de dos millones de votantes de partidos independentistas. 

Para encontrar una cortina de humo capaz de ocultar la catástrofe que han organizado a fuer de incompetentes y ladrones van a necesitar algo más que partir el país que heredaron de sus padres.

¡Ah, qué tiempos!

Richard R. Weiner & Iván López (2017) Los indignados: Tides of Social Insertion in Spain Washington/Winchester: Zero books, (217 págs)

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Recordarán los lectores que, a principios de diciembre pasado, Palinuro daba cuenta de la publicación de la obra de teatro de Marcel Vilarós, titulada Mi abuelo fue a Cuba. Además de asignarme el ocasional papel (los grandes actores tenemos siempre comienzos modestos) Marcel me pidió un prólogo, que aparece antes de la obra con el título de Menos se perdió en Cuba.

De prólogos a postfacios, la vida es un balancín. Los profesores Weiner y López han publicado un interesante trabajo de investigación y reflexión sobre el fenómeno de los indignados que tanta alharaca mediática suscitó en los primeros cinco años de la crisis y su deriva político-institucional posterior de Podemos y sus confluencias. Para acabar de arreglarlo tuvieron la caritativa idea de honrarme pidiéndome unas líneas que figuran como "Afterword" en el texto.

El libro tiene muchos méritos. Enumerarlos haría interminable la reseña y no en todos los casos con la debida justicia. Es un trabajo académico, claramente expuesto y bien apoyado en fuentes empíricas, estadísticas y doctrinales. Pero, al mismo tiempo, es un ensayo elegantemente escrito, con capítulos de longitud muy desigual como desiguales son las cosas en la vida y en un estilo fresco y original. Es una rendición de cuentas de una cultura política desde dentro y fuera de ella, desde las perspectivas emic y etic de los antropólogos.

Weiner y López son ellos mismos indignados, se sienten indignados y, al mismo tiempo, son optimistas al considerar que el movimiento lleva a una potencialidad y realidad (especialmente en el ámbito municipal) de cambio emancipatorio por medios nuevos. Su conclusión está contenida en el título : mareas de inserción social en España. Reténgase el complemento circunstancial de lugar, España, pues es importante. Al fin y al cabo la idea de indignarse nace en Francia pero toma cuerpo en España. Un poco al modo en que, según Heine, la filosofía alemana soñaba con la revolución que los franceses hacían.

La idea y esperanza de los autores es que el movimiento indignados es una forma única, original, rizomática de reinserción social de una generación de marginados, desplazados y privados de futuro. A este extremo se ha llegado por la diabólica conjunción de una crisis económica que ha doblegado a los Estados como instituciones soberanas, haciéndolos incapaces de garantizar una gobernanza justa y un trastorno sociodemográfico sin precedentes en cuanto a esperanza de vida, robotización el trabajo y restricción del empleo.

Junto a Deleuze se recurre asimismo a Gorz por lo de la desaparición de la clase, que era un viejo y seguro mecanismo de integración. Junto a estas dos, el discurso de los autores tiene fuertes apoyos doctrinales en Lipset, Luhmann, Habermas, Turaine, etc., en un arco que va desde la primera "crisis de legitimidad" hasta las formulaciones de sociedades postcapitalistas, desde las elaboraciones teóricas de otro mundo es posible a la aplicación práctica de las plataformas antidesahucios, en fuerte hermandad de espíritu con el municipalismo del movimiento.

Los autores incluyen una especie de tabla cronológica de la evolución que estudian desde febrero de 2009 (formación de la PAH ) hasta el 3 de junio de 2016, lo que no obsta para que analicen el resultado de las elecciones del 26 de junio de ese año. La narrativa tiene una ruptura en 2014. Hasta entonces, se habla, considera e investiga a los indignados; desde entonces, el foco se pone en el desarrollo de Podemos y sus confluencias. La primera parte señala el movimiento Indignados como asambleario, rizomático, democrático, abierto, grass roots, desvertebrado, sin jerarquía, espontáneo y español. A este respecto, en un apartado relativo a la crisis del Estado de la Transición, los autores, dejan caer una observación, claramente dirigida a orientar a los lectores extranjeros que dice: For centuries, Spain scarcely developed a democratic culture (p. 47). Este es el sentido profundo de la determinación circunstancial de lugar antes señalada. Sobre el fondo de la resignada afirmación ha de entenderse la alegría, casi regeneracionista, con que los autores saludan y analizan el surgimiento de Podemos, y sus confluencias, surgidas según este avanzaba, al modo en que los seres humanos nacen de la tierra al paso de Cadmo tirando los huesos de su madre.

Para valernos de Luhmann, Podemos traía una promesa de poner en contacto dos sistemas que se habían distanciado, el político y el social, haciéndolo en el terreno que el sociólogo alemán considera coextensivo de la acción social: la comunicación. Es muy de resaltar cómo Podemos se crea un espacio mediático propio y prestado, novedoso, que posibilita esa comunicación entre los sistemas. La reiterada firmación de Iglesias acerca de la política bifronte de Podemos, en las instituciones y en la calle, bien claro lo deja. Hacia la calle, ruptura de la razón de Estado; hacia el Parlamento, la voz del pueblo. ¿O es una visión excesivamente radical?

Los autores dedican la segunda parte al análisis de Podemos como formación política, surgida de los "iracundos nietos del segundo aburguesamiento" (p. 69). Presionados por la precariedad, léase precariado, de Guy Standing (p. 103) que nos explica el carácter de movimientos anti-neoliberales estos "nietos" organizan partidos políticos alternativos. Podemos. El estudio de la organización incluye su estructura interna, sus tendencias, sus relaciones con los medios, su electorado, etc. y los sitúa luego sobre tres grandes fondos electorales: las elecciones locales de mayo de 2015 y las generales del 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016.

Las municipales (y autonómicas) desplegaron una amplia variedad organizativa local que se articuló en las famosas confluencias. Un tratamiento específico de este asunto que tuviera en cuenta factores diversos como los distintos nacionalismos y/o peculiaridades locales requeriría otro libro. Señalada queda la importancia de las confluencias en la estructura de Podemos y la cuestión de hasta qué punto sean compatibles.

Las generales presentan otro cariz. Juegan consideraciones de gran política, alianzas, coaliciones de gobierno, mociones de censura, investiduras, la política institucional como vértigo. Sorpasso, conflicto interno en el PSOE, impacto de C's en el PP, todo este batiburrillo, acompañado de la presión lateral del independentismo catalán, cada vez más dominante, se resolverá (es un decir) a raíz de las elecciones de nuevo generales de 26 de junio. Los autores registran el fracaso del Sorpasso como determinante de la estrategia de Podemos, que pierde más de un millón de votos con su unión con IU en Unidos Podemos (p. 174).

A la espera de la evolución posterior, no hay inconveniente en saludar la fórmula propuesta por los autores de Podemos como un partido-movimiento, yéndose a buscar inspiración para ello al alma de varios movimientos partidos latinoamericanos, lo que traza el pedigrí del concepto laclaviano de "significantes vacíos" (p. 166).

Insisto en la claridad expositiva, muy útil para tema tan abigarrado. Y la audacia con que quedan planteados los dos temas cruciales a la hora de analizar conjuntamente los Indignados y Podemos: a) hasta qué punto llega esta conexión entre movimiento y partido y si Podemos es el representante, el albacea o el tapón del movimiento; b) hasta qué punto es compatible una estructura de partido con las confluencias y, especialmente, con una realidad tan inestable y cambiante como la política municipal, en un país que reverbera de "ciudades rebeldes" (p. 25), interesante concepto de David Harvey que me propongo investigar.

La violencia es la prisión

Permítaseme una vanidad infantil. Ayer, los tres magistrados del Supremo ignoraron la súplica de Palinuro y decidieron dejar en prisión a Junqueras. En cambio le dieron alegremente la razón y hasta lo convirtieron en profeta cuando decía: el personal avisa de que ese concepto de violencia es interpretable y puede acabar siendo violencia algo que no lo parezca. Y hasta que ni lo sea. Y así ha sido.

Junqueras sigue en la cárcel en virtud de una interpretación  altamente cuestionable, retorcida,  del concepto de violencia, requisito imprescindible en la tipificación del delito de rebelión. Podría caber perfectamente en el supuesto anterior: se califica de violencia la falta de violencia. El auto de la sala así razona de modo prácticamente literal. Se admite que Junqueras no es autor de violencia alguna de palabra u obra, pero se le hace responsable de la que se pudiera derivar de su pronunciamiento público a favor de la independencia de Catalunya. Y ya alcanza niveles asombrosos cuando también se le hace responsable de la violencia (se apostilla legítima) que pudieran ejercer los cuerpos de seguridad del Estado. La doctrina del maltratador: por su comportamiento, la Generalitat era responsable de las consecuencias del 155. Este concepto de violencia hipotético y preventivo, no tiene nada que ver con el que figura en el Código Penal como medio instrumental de un alzamiento público.

A estas alturas se perfilan las estrategias político-judiciales. Lo dice el abogado de Puigdemont: "se está haciendo una causa general contra el independentismo" . De aquí a que vuelva a haber delitos de opinión no hay más que un paso. Y, de encarcelar a la gente por sus ideas (como ya lo están los cuatro que siguen en prisión) a prohibir sus partidos políticos solo hay otro. Para entonces a lo mejor puede hablarse ya de dictadura y del triste papel de comparsa de la izquierda española. 

De hecho, el proceso tiene un tufo inquisitorial notorio. Discuten los jueces sobre la sinceridad de las declaraciones de Junqueras. Se consideran con derecho y capacidad para juzgar sus intenciones y lo castigan preventivamente. El código doctrinal que invocan y al que exigen acatamiento sincero, él mismo no lo exige. Pero eso ya importa poco porque los jueces se salen de la constitución al exigir ese acatamiento como condición para la libertad. Pero se sienten tan a gusto porque no administran justicia en nombre de la Constitución sino ya directa e indistintamente de la Nación y el Estado, como reconocen varias veces en su auto. Esta perspectiva nacional (que convierte todo juicio a la independentismo en un acto de juez y parte) y estatal (que confirma la supremacía de la ley del Estado) les parece tan natural como el aire que respiran. Y los aleja de la justicia. 

El otro asunto, más práctico y hasta sorpresivo, es el de en qué pueda afectar la prisión continuada de Junqueras a la cuestión de la investidura del presidente. La respuesta es en nada. Las opciones siguen abiertas y la solución que se adopte finalmente en esta controversia de la constitución del Parlament y del govern está aún lejos de configurarse porque dependerá de innumerables negociaciones políticas en España y fuera de España. 

¿Qué están juzgando?

Ciertamente, Junqueras es un hombre de paz. Anque no lo hubiera demostrado a fondo como lo ha hecho, bastaría su palabra. Como debiera bastar si dice que acata la Constitución, la ley o lo que sea. No asiste a los magistrados la competencia de indagar si su acatamiento es o no sincero. No son inquisidores.

¿O sí? Junqueras dice ser un hombre de paz ¿quién sabe? ¿quizá como Bruto decía ser hombre honorable, según Antonio? Y, en todo caso, ¿a qué viene eso de ser "hombre de paz"? Aquí se trata de cuestiones objetivas, jurídicas, delitos; nada de paz. Estos inquisidores, sin duda, son todos creyentes en aquel que, cuando lo enredaban los fariseos con la ley de los hombres, decía que superior era la ley de su Padre. Y si lo creen de uno ¿por qué no lo creerán del otro? Quiero decir, en cuanto a la sinceridad de su afirmación. Ya sé que es enojoso averiguar lo que piensan los seres humanos; para eso se inventó la Inquisición, el tribunal de las conciencias. Pero no estamos otra vez en la Inquisición, ¿no?

Téngase asimismo en cuenta que la declaración de paz de Junqueras es una defensa poderosa en contra de las acusaciones que sobre él pesan empezando por la de rebelión, todas las cuales exigen violencia. Ya sé que aquí el personal avisa de que ese concepto de violencia es interpretable y puede acabar siendo violencia algo que no lo parezca. Y hasta que ni lo sea. 

Cierto. Pondré un ejemplo. Tras tomar declaración a Junqueras, los magistrados de la sala de apelaciones han aplazado dar a conocer su decisión. Tener en prisión a un hombre de paz movido por sus profundas creencias religiosas, dignitas hominis, según él mismo ha dicho, el día de Reyes, privado de ver a sus hijos y en una causa tan problemática como esta, ¿puede considerarse violencia? ¿Crueldad?

Señorías, dejen que los RRMM traigan esta noche a esos niños la presencia de su padre. Esto no va ya de fiscales, jueces y tribunales; ni siquiera de política. Esto va de humanidad. 

La ruptura

Vídeo del 1º de octubre.

A medida que pasa el tiempo, con la frialdad de la distancia, los hechos van tomando dimensiones cambiantes. A los tres meses del 1º de octubre, la indignación que producen esas imágenes es, si cabe, mayor, porque al sentimiento de repulsa que suscitan, se añade la amargura de ver que los responsables no son castigados sino premiados; las víctimas, menospreciadas cuando no objeto de crueles burlas, incluso por parte de ministros del gobierno; y la reacción de las autoridades, más represiva, habiendo llegado a encarcelar u obligar a exiliarse a los representantes democráticamente elegidos por cumplir el mandato salido del referéndum.

Este corto de media hora, compuesto con imágenes que han dado la vuelta al mundo, lo dice todo sobre el 1º de octubre: la movilización pacífica y democrática de la población, la inaudita ferocidad de la represión policial y el triunfo aplastante del "sí", a costa de 1.006 heridos, inmensos daños materiales y la destruccción de toda esperanza de convivencia dentro de España.

El vídeo es un hito iconográfico de una "hoja de ruta" que acababa precisamente ese día. Concluía una primera etapa del procés y comenzaba otra que estamos viviendo hoy como consecuencia de aquella.

La presidencia creciente

El galopar del caballo independentista catalán va a dejar sin hierba las verdes praderas de la izquierda española, pastos preferidos de unicornios, hipogrifos y otras creaciones poéticas. Ayer se dio de baja en el PSOE José Antonio Pérez Tapias, un histórico (24 años de militancia) del ala izquierda. Compitió con Sánchez por la secretaría general y perdió. Luego se opuso a la defenestración de octubre y apoyó a su antiguo rival en la recuperación de la secretaría general con un discurso de izquierda. Ahora se va desengañado. El más notorio punto de fricción: el referéndum pactado catalán. Este, como los racimos de cerezas, trae otros, singularmente el del apoyo del PSOE al 155.

Cataluña ha pasado de ser un incordio periódico que se conllevaba con  hastío cosmopolita a constituirse en la misma centralidad política. Todos reaccionan a los hechos de Cataluña y Cataluña determina la vida política española. Lo más importante que ha hecho el presidente del gobierno ha sido fijar fecha de constitución del Parlament al 17 de enero al amparo del 155. La finalidad habrá de ser el restablecimiento de la normalidad institucional: los diputados electos toman posesión de sus actas y se constituye el Parlament. Pero esa normalidad no puede restablecerse mientras está en vigor la excepcionalidad de cargos electos en el exilio y en prisión. La excepcionalidad del 155.

Al margen de otras opciones como que algunos candidatos electos renuncien al acta para que corran las listas (cosa que plantea diversos problemas, alguno de ellos de principio), no se ve por qué los electos no pueden tomar posesión por vía telemática en la era de las TICs. El argumento de que las normas exigen el requisito de la presencia física, material, del candidato no descansa sobre ninguna cita explícita y más bien parece apuntarse a la aviesa intención de invocar pretextos jurídicos para atraer a Puigdemont a España y echarle el guante. 

Sin duda la exigencia de presencia física (no virtual) descansa en la muy lógica asunción de que es un asunto tan evidente, que no se consideró necesario especificarlo. El requisito de presencia física se presume. Pero también se presume que la justicia no acusa a nadie extra muros de delitos que no puede sostener y los retira para imputárselos intra muros. Para que la solución política sea fructífera se requiere buena fe por todas partes.

Puigdemont es el presidente de hecho y derecho de la Generalitat de Cataluña. 

Será imposible explicar a los europeos por qué no se le permite ejercer como tal.